Con la participación de empresarios, dirigentes sindicales y el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Claudio Moroni, se realizó la primera reunión del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil del año. Se definió una pauta de incremento del piso de remuneraciones laborales. Representando a FEHGRA participaron los dirigentes Verónica Sánchez y Daniel Suffredini.

El Consejo del Salario sesionó el 16 de marzo, convocado por el Gobierno Nacional. En este ámbito, se decidió que el monto del salario mínimo, vital y móvil, definido con 31 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención, pasará de $33.000 a $47.850. El aumento consistirá en un incremento de un 18% en abril, 10% en junio, 10% en agosto y 7% en diciembre. El acuerdo paritario podrá ser revisado desde agosto si la evolución de las variables económicas lo justificara.
Tras la votación, el ministro Moroni dijo: “Quiero destacar la responsabilidad con la que se manejó la negociación colectiva en nuestro periodo más crítico. Eso tiene que ser un orgullo para todos. Los conflictos fueron menores y en casos muy aislados y esto es un nuevo ejemplo de eso”.
El Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil convoca a 32 miembros -16 por la parte trabajadora y 16 por la empleadora-, quienes acordaron realizar un seguimiento de la situación en los próximos meses y que volverán a reunirse en caso de considerarlo necesario. Representando a FEHGRA, participaron los dirigentes Verónica Sánchez y Daniel Suffredini. El plenario estuvo integrado por importantes referentes del sector empresario, como Daniel Funes de Rioja, Juan José Etala, Julio Cordero, Guillermo Moretti y Horacio Martínez (UIA), Carlos Francisco Etchezarreta (CAC), Abel Guerrieri (SRA), Javier Bolzico (Adeba), Juan José Gabbi (Bolsa de Comercio), y Jaime Campos (AEA), entre otros.
El Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil es un ámbito institucional permanente de diálogo entre representantes de los trabajadores, empleadores, el Estado Nacional y el Consejo Federal del Trabajo (gobiernos provinciales) para evaluar temas referidos a las relaciones laborales como redistribución del ingreso, asistencia a desempleados, generación de empleo genuino y decente y combate al trabajo no registrado, entre otros.
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