Durante la reunión de la Comisión de Defensa del Consumidor, el Usuario y la Competencia en Diputados, la presidente de FEHGRA, Graciela Fresno, reiteró la imperiosa necesidad de la sanción de una Ley de Emergencia para el sector hotelero y gastronómico, que emplea a 650.000 trabajadores de todo el país. Es el cuarto sector en intensidad del factor trabajo en Argentina.
Graciela Fresno expresó: “Señores Diputados necesitamos, en tiempo oportuno, una Ley de Emergencia para poder sostener la actividad”, y solicitó la predisposición del Poder Legislativo y la voluntad política para aunar esfuerzos y trabajar en un documento que le de respuestas a un sector que tiene un gran impacto en la economía argentina. Su exposición formó parte de la jornada 21 de julio, que convocó a la Comisión de Defensa del Consumidor, el Usuario y la Competencia de la Cámara de Diputados de la Nación. Tras tres horas de exposiciones, se le dio dictamen, con 17 votos, al proyecto del diputado Ramiro Fernández Patri; mientras que el proyecto de los diputados Alfredo Cornejo y Gustavo Menna alcanzó 14 votos a favor.
El 7 de julio, la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados de la Nación también le dio dictamen al plan de auxilio. El debate seguirá en los próximos días en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que está presidida por el diputado oficialista Carlos Heller.
La voz de FEHGRA
Con conceptos contundentes y con el eje puesto en salvaguardar los 650.000 puestos de trabajo que dependen de la hotelería y la gastronomía argentinas, la presidente de FEHGRA volvió a explicar que se requieren medidas específicas, especiales y adecuadas a la necesidad puntuales, y solicitó se avance con la Ley de Emergencia Nacional.
Después de expresar la realidad del sector, que es el más perjudicado por la pandemia y que será el último en reactivarse, Graciela Fresno dijo: “Estimamos que nuestro sector va a normalizarse no antes de 2022”. Además de exponer con datos concretos la crisis de un sector que, con cero facturación y después de más de 120 días, no puede pagar sus costos fijos, como sueldos, aguinaldos, servicios, impuestos, etc., agregó que “proyectan no abrir más sus puertas el 75% de las empresas y se prevé la pérdida de puestos de trabajo, si la situación continua y no se logra la sanción de una Ley de Emergencia con medidas adecuadas, de alrededor de 120.000 trabajadores registrados. Esto va en línea con los números de la CEPAL, que considera que la hotelería y la gastronomía son las actividades que van a verse más afectadas por la pandemia y la cuarentena. Consideran que las medidas que toman los Estados no alcanzan, son insuficientes para poder resguardar empresas y puestos de trabajo. Por eso, desde el día 1, hablamos de la sanción de una Ley de Emergencia, porque el sector necesita de medidas específicas y adecuadas a su necesidad y que se diferencia de sectores que cuando abran las puertas van a poder seguir trabajando normalmente”.
Dijo que la mayor parte de los ingresos se invierten en sueldos y cargas sociales: “Necesitamos el mantenimiento de las ATP, hasta tanto podamos volver a la actividad normalmente”. También se refirió a los servicios públicos que el sector sigue pagando como si estuviesen trabajando; a los impuestos a las ganancias; al impuesto a los créditos y débitos bancarios; a los créditos a tasa cero para componer el capital de trabajo, entre otros. “No nos importa si la Ley proviene del sector oficial o de la oposición, necesitamos que se pongan de acuerdo dentro del Congreso porque lo más importante es salvar a una actividad que da trabajo a más de 650.000 personas, y que sirve para el sostenimiento y evolución de las economías regionales y genera divisas al país a través del turismo. La necesitamos en tiempo oportuno, porque lo que llega tarde tampoco sirve”.
